Desde el Colegio de Nutricionistas de la Provincia de Buenos Aires sostienen que estas modificaciones representan un retroceso significativo en la protección de la salud y el derecho a una alimentación adecuada. Advierten que hay información y publicidad engañosa, menor protección a niñas, niños y adolescentes; y falta de transparencia.
“Entendemos que una alimentación saludable es un derecho fundamental y que el etiquetado de los alimentos juega un papel crucial en la toma de decisiones informadas por parte de los consumidores. Consideramos que las normas que regulan el etiquetado deben ser claras, precisas y coherentes con los objetivos de promover la salud y prevenir enfermedades crónicas”, sostuvo la Lic. Laura Salzman (MP 4435) presidenta de la institución que nuclea a las nutricionistas bonaerenses.
En tal sentido, Salzman señaló que las modificaciones introducidas a la ley generan serias dudas sobre su capacidad para cumplir con estos objetivos. “Al relajar los requisitos de etiquetado y permitir una mayor flexibilidad en el uso de términos como «light» y «bajo en», se corre el riesgo de generar confusión en los consumidores y de promover la elección de productos menos saludables”, ejemplificó.
¿Qué implican las modificaciones introducidas a través de las disposiciones 11362/2024 y 11378/2024? Desde el Colegio de Nutricionistas bonaerenses enumeran cuatro puntos:
1) Información engañosa: Al permitir que se consideren solo los nutrientes añadidos y no los intrínsecos del producto, se oculta información crucial sobre su composición nutricional real.
2) Publicidad engañosa: La flexibilización en el uso de «claims» como «light» en productos con exceso de azúcares genera confusión en los consumidores y promueve la elección de productos poco saludables.
3) Menor protección a niñas, niños y adolescentes: La reducción de la edad límite para la protección frente a la publicidad de productos ultraprocesados y la permisividad en el uso de elementos de marketing dirigidos a este público vulneran sus derechos.
4) Falta de transparencia: La eliminación de las declaraciones juradas implica una pérdida de control sobre la información nutricional de los alimentos, dejando a los consumidores a merced de la buena fe de las empresas.
Asimismo, desde la institución que nuclea a los nutricionistas sostienen que «las políticas públicas en materia de alimentación deben basarse en evidencia científica sólida y consensuada, y tener como objetivo primero la protección de la salud de la población, especialmente de los grupos más vulnerables».
Sin embargo, adviertenque «las modificaciones introducidas debilitan el marco regulatorio existente y podrían revertir los avances logrados en materia de etiquetado frontal y enfatizó que las nuevas disposiciones representan una regresión en los derechos adquiridos a la información, a la salud y a la alimentación saludable afectando a todas las personas pero en mayor medida a la población más vulnerable».
